OPINIÓN

¿Rezagada frente a la realidad migratoria?

Hace un poco más de siete años, exactamente en el mes de diciembre de 2011, el Gobierno dio vía libre a una nueva institución, Migración Colombia –luego de la supresión del DAS–, como una entidad civil encargada de ejercer la autoridad migratoria, que reconociendo los grandes desafíos del crecimiento migratorio en Colombia y el mundo, se constituyó bajo una nueva visión de servicio al ciudadano, enfoque humanitario y análisis de información que permitiera la generación de insumos para la definición de políticas y estrategias en los asuntos migratorios.

Como parte del sector de Relaciones Exteriores, la entidad rápidamente se fue especializando y consolidando nacional e internacionalmente como un modelo de gestión y operación migratoria moderna, técnica y eficiente, y soportando cada vez más sus procesos en nuevas tecnologías, como las esclusas automáticas que se fueron instalando en los aeropuertos desde el 2015. Además, con una mirada integral sobre su rol de autoridad al interior del país, pero también participando en los foros de discusión y análisis sobre cómo abocar desde las diferentes ópticas los retos migratorios globales y regionales.

 

Las cifras del crecimiento migratorio en Colombia hablan por sí solas: del 2012 a diciembre de 2018 se ha presentado un crecimiento del 77 % en los flujos migratorios, al pasar de 9’444.268 a 16’705.955, siendo la venezolana, estadounidense, argentina, brasileña, mexicana y ecuatoriana las nacionalidades que han mostrado un mayor crecimiento, además del impacto que ha tenido la salida masiva de venezolanos y su llegada a Colombia, que hoy representan más de 1’200.000 personas en nuestro territorio y los desafíos para el manejo en fronteras, caracterización de los migrantes y acciones humanitarias.

 

A pesar de ese vertiginoso aumento, Migración Colombia no ha crecido institucionalmente al mismo ritmo de sus desafíos. Arrancó con 1.200 funcionarios para cubrir sus tres objetos misionales: control migratorio, extranjería y verificación, además de los administrativos, y a la fecha, su planta de personal no ha sufrido ningún ajuste. Se incorporaron el año pasado 80 funcionarios, por una planta provisional por un año, que se amplió por otro año, para soportar en frontera la llegada de más de 44.000 venezolanos diarios, personal insuficiente para atender este fenómeno migratorio y la migración exponencial que viene presentando el país. Sin demeritar este esfuerzo, la planta de personal de la entidad y el talento humano debe soportarse no solo en el número de hombres y mujeres sino en los procesos de capacitación, especialidad y confiabilidad técnica que requiere esta actividad, la cual no se suple con funcionarios en provisión.

 

En materia presupuestal, sus gastos de funcionamiento y de inversión tampoco reflejan sus grandes necesidades. Si bien para el 2012 empezó actividades con un presupuesto de $ 71.6 mm año, durante los primeros años (hasta 2014) presentó un incremento promedio del 16 %, los años seguidos escasamente creció, en promedio, 5 % (2015-2017), castigando su eficiencia y dinamismo. Para el 2019, luego de aplazamientos y congelamientos, la inversión ya no será de $ 40.000 millones, lo que representa que tan solo alcanzará para respaldar el desmonte del cobro a canadienses (cerca de $ 5.000 millones), el sostenimiento de la planta provisional en la vigencia y el de las capacidades tecnológicas logradas en años anteriores.

 

Por otro lado, los sistemas tecnológicos que soportan los registros administrativos de ingreso y salida de nacionales y extranjeros, por los 44 puestos de control migratorio que existen en el país, deben enfocarse en la plena identificación de los ciudadanos que pasan por los controles y, al mismo tiempo, cruzar esa información para detectar la migración riesgosa que pueda afectar la seguridad nacional. Para tal fin, la manera más expedita y de la que más información existe en el mundo es la que se hace a través de las huellas dactilares, como el Afis, que usa Interpol, por ejemplo, con costos elevados de adquisición y mantenimiento; pero que en el mediano y largo plazo genera más tranquilidad y confianza para la seguridad de nuestros países y de los viajeros. No sirve hacer más ágiles los procedimientos si no van de la mano con el fortalecimiento de los controles de seguridad, y más en aeropuertos y fronteras con una gran dinámica migratoria.

 

Migración Colombia nació como una entidad técnica y especializada que, a través de su operación diaria y del análisis permanente del comportamiento de los flujos y fenómenos migratorios, se convirtiera en la fuente oficial del Gobierno, mediante un gran centro de conocimiento, dotado de las capacidades tecnológicas y de análisis; sin embargo, las restricciones presupuestales y de talento humano no han dejado potenciar esta actividad, por lo que en la actual coyuntura frente a la llegada masiva de los venezolanos se trasladan responsabilidades propias de la entidad, como lo es la caracterización de migrantes a otras entidades y escenarios, lo que desvaloriza su actuación como sujeto operador y articulador de la migración en el país y la región.

 

El Conpes 3950 de 2018 reconoce en su diagnóstico que: “Debido al aumento extraordinario en los flujos migratorios, la capacidad de Migración Colombia en la zona de frontera y al interior del país se ha visto sobrecargada”; sin embargo, no generó ninguna acción frente a las debilidades evidentes que se presentan. Y de no tomar una acción rápida en materia presupuestal, de talento humano, de capacitación a sus funcionarios frente a la especialidad y mística que este tipo de actividades requiere, entrará en una etapa de decrecimiento en su objetivo misional.

 

Esta es una oportunidad para que el Gobierno reconozca esta situación y el país pueda atender, de la mejor manera, el significativo aumento de la llegada de turistas y la contribución de los migrantes a la inversión extranjera. Orientar el presupuesto a un ritmo diferente permitirá atender los actuales y futuros desafíos migratorios de Colombia y, sobre todo, cumplir los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo, sancionado recientemente por el presidente Iván Duque.

Sergio

Bueno Aguirre

Magister en Ciencias Políticas, Director del IEMP, Consultor Senior de la OIM Colombia y Honduras, Consultor Senior del BID, Director y Tutor de los cursos de Gestión migratoria y Política Pública del BID, Fundador y Ex Director de Migración Colombia, Cónsul General de Colombia en Santiago de Chile y Miembro del alto gobierno para el Posconflicto en Colombia 2016-2018